30 de mayo de 2026

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Pablo Grillo se presentó como querellante y pidió investigar la cadena de mando del operativo que lo dejó gravemente herido

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En ese marco, el escrito señala a los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes se encontraban cerca de Guerrero durante el operativo. Lejos de corregir su accionar, “fueron quienes le indicaron que dispare en dirección a los manifestantes”, y uno de ellos incluso lo felicitó tras un disparo prohibido, según surge de los registros fílmicos incorporados a la causa.

También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien actuó como fiscalizador del operativo y tenía el deber de controlar a los efectivos en el terreno; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien impartía órdenes directas a los únicos dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases ese día.

La presentación también apunta al director nacional de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni. Según la querella, su llegada al lugar, luego de que Grillo ya había sido herido y asistido por una ambulancia del SAME, no implicó una moderación del accionar represivo, sino que coincidió con un recrudecimiento de la violencia. Incluso, Guerrero volvió a recargar su arma y siguió disparando, sin que ningún superior ordenara el cese.

Además, la querella reclamó que se investigue a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, así como a los responsables de haber cerrado sin fundamentos la investigación administrativa interna contra Guerrero. Entre ellos, el comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian; el comandante mayor Barresi; y el asesor jurídico José Carlos Lodolo.

El escrito repasa las declaraciones públicas de Bullrich sobre el caso, a las que acusa de intentar instalar “una versión falsa de lo ocurrido”, pese a la existencia de pruebas y resoluciones judiciales en sentido contrario. “Responsabiliza a la víctima y genera angustia en Pablo y su familia”, señalaron los abogados.

Según la querella, la ex ministra buscó sostener un trato diferencial para los efectivos a su cargo y condicionar las valoraciones judiciales futuras, al tiempo que avaló el cierre exprés del sumario interno. “No movió ni moverá al cabo Guerrero porque, para ella, actuó bien”, remarcaron, a pesar de que el gendarme está procesado por seis hechos graves y su causa avanza hacia un juicio oral.

Entre las irregularidades de la investigación administrativa, la presentación destaca la construcción de una narrativa corporativa, la desresponsabilización del autor del disparo, la culpabilización de la víctima y el cierre prematuro del expediente “como método para garantizar la impunidad”.

Por todo ello, Grillo pidió que la causa no se limite al autor material del disparo y avance sobre las responsabilidades políticas, operativas y jerárquicas detrás del diseño, la conducción y el control del operativo, así como sobre los intentos de encubrir lo ocurrido.

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