Las dos ex funcionarias del área de Salud imputadas por el caso del fentanilo contaminado y que fueron detenidas el martes fueron liberadas este viernes después de pagar una caución de $ 150 millones, según confirmó Clarín en la Justicia Federal de La Plata.
La ex directora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio y la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, volvieron a sus casas luego de cumplir con esa exigencia para obtener la libertad y de asumir una serie de compromisos previstos en el código.
Siguen siendo las únicas ex funcionarias involucradas en el proceso judicial que lleva adelante el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y que busca establecer las responsabilidades en las muertes de al menos 90 personas a quienes les suministraron el potente analgésico mientras permanecían internadas en centros asistenciales de diferentes ciudades del país.
Por esta misma causa está detenido Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, que fabricó el medicamento que provocó las muertes y también la afección de otras 40 personas damnificadas que lograron sobrevivir a la droga en mal estado, según pudo constatar la Justicia.
Hasta que se dispuso la detención de Bisio y Mantecón Fumadó había 15 personas procesadas o detenidas formalmente en relación con la producción, distribución y falta de control de los lotes adulterados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Eran directivos de las compañías, técnicos, operarios y empresarios vinculados a esas firmas.
Están imputados por un delito previsto en el artículo 201 y 201 bis del CP que reprime a quien produjera la muerte (10 a 25 años) o daños y lesiones graves (3 a 15 años) a quien produjera, vendiera o comercializara medicamentos en mal estado, entre otros productos..
Las dos ex funcionarias pasaron a formar parte del listado porque el juez y la Fiscalía -a cargo de Laura Roteta con el apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- consideraron que hubo una clara falta de controles estatales que terminaron con esos fármacos en las terapias de los centros de salud.
Para avanzar con la detención, los responsables de la investigación analizaron el “historial de irregularidades” con las que operaban HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y concluyeron que “solo fue posible por un manto de cobertura estatal” que les permitió funcionar. Las funcionarias ahora liberadas bajo caución tenían a su cargo -entre otras cosas- el poder de policía para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de productos medicinales fijados en las normas nacionales.
El pedido de detención de la fiscal y la PIA sostiene que las funcionarias, antes de que se fabricaran los dos lotes contaminados, conocían el historial de incumplimientos en los que incurrían HLB y su usina de producción, Laboratorios Ramallo. «De manera previa a que tuviera lugar la producción y liberación al mercado de los dos lotes de fentanilo contaminados, las máximas autoridades de ANMAT e INAME, Bisio y Mantecón Fumadó, conocían las graves condiciones en las que HLB y Ramallo elaboraban sus especialidades medicinales”.
No obstante esas referencias, las directivas no solo permitieron que los laboratorios siguieran funcionando y «se produjera, en consecuencia, el fentanilo contaminado, sino que inmediatamente después de su elaboración (…) las máximas autoridades de ANMAT e INAME recibieron múltiples alertas acerca de la peligrosidad de los medicamentos”.
Aun asi, dicen, “no tomaron medida de prevención alguna. Cuidar la salud de todos los habitantes del país era su función. No lo hicieron”, concluyen los investigadores.
Según pudo averiguar este diario, Bisio volvió este viernes por la mañana a su casa de Olivos y Mantecón Fumadó regresó a su domicilio de la zona sur. Ambas tienen una trayectoria de décadas en estos organismos. Eran “funcionarias de carrera” que a partir de 2024 se hicieron cargo de los puestos de dirección.
Mantecón Fumadó tuvo que entregar su documentación “de viaje” al juzgado. Bisio no puede salir del país y tampoco puede contactarse con ex empleados o colegas de ANMAT/INAME. Además, ambas deben presentarse de forma periódica en el juzgado mientras continúe la investigación.
Chats que las comprometen
El último miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak indagó a las dos ex funcionarias de la ANMAT. Estuvieron desde las 10 en los Tribunales Federales de La Plata. Bisio completó las formalidades del trámite y dijo que iba a presentar un escrito. No respondió preguntas.
Mantecón Fumadó sostuvo que «tanto (el ex ministro Mario) Russo como (el actual, Mario) Lugones estaban encima de los controles y las supervisiones a los laboratorios», que como HLB fueron inspeccionados y sancionados. También contó en la indagatoria que el ministro «tenía cierta inclinación por provocar el cierre definitivo de esos laboratorios» que fueron los que fabricaron el fentanilo adulterado.
Esa apreciación se exhibe también en las conversaciones que se extrajeron de los celulares de las imputadas. “Podrías mandarme para que le dé al ministro cual es la implicancia de esto (se refiere a las irregularidades detectadas)”, le pide Bisio a Fumadó.
La ex funcionaria hizo una larga exposición. Fue desplazada de su cargo en el INAME, hace casi un año. Bisio, un cuadro técnico de trayectoria en ANMAT renunció en enero de 2026 y en su lugar ingresó Luis Fontana, ex directivo de OSDE.
En el pedido de detención, la fiscalía transcribe varias comunicaciones via Whatsapp entre las directivas y con autoridades de las empresas. En una de ellas la ex presidenta de ANMAT le pregunta a su subordinada: “Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta”. Fue el 26 de marzo de 2025, una semana antes que ocurriera la primera muerte por fentanilo. Se referiría a Lugones, el ministro de Salud que -como declaró Mantecón ante el juez- se mostraba interesado en las inspecciones a HLB.
En otro segmento de la imputación, cuando Mantecón debe resolver sobre situaciones anómalas en el laboratorio comenta con otra empleada: “Es un montón de guita que está en la calle”. La funcionaria le informa a Mantecón que varios hospitales y droguerías estaban consultando si podían seguir usando o vendiendo los productos elaborados por el Laboratorio Ramallo, luego de la reciente publicación de una «carta de advertencia».
Esa técnica le explica a Mantecón que no se debería comercializar ningún lote de ningún producto elaborado por Ramallo para HLB, argumentando que «los procesos productivos no se realizaron bajo BPF» (Buenas Prácticas de Fabricación). Ante la advertencia de que los productos eran ilegítimos y peligrosos, Mantecón Fumado responde con la frase de la cantidad de dinero que representaba esa determinación. Después, la funcionaria le advierte sobre el riesgo humano: «Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta»
También hay charlas entre agentes de las empresas de García. El responsable técnico del laboratorio, José Antonio Maiorano, le pregunta a María Victoria García, gerente de Gestión de Calidad de la firma, cómo le había ido en una reunión con autoridades de ANMAT, convocada después de una inspección. “La verdad que re bien predispuestas ambas. Las dos muy bien, para poder ayudarme en todo”, le responde sobre la intervención de las funcionarias del órgano de control.
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