A través de un informe, Amnistía Internacional denunció la persecusión del gobierno de Javier Milei a los periodistas y comunicadores sociales argentinos, en especial a las mujeres, y el agravio de las políticas de recrudecimiento de la criminalización de las protestas sociales a través de la implementación de «protocolo antipiquetes» de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La organización evaluó los últimos doce meses de gestión del mandatario ultraderechista y advirtió sobre «un retroceso profundo y acelerado en los derechos en Argentina en el 2024». Bajo el título 12 derechos perdidos, retrató un «panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales«.
Se trata de una extensión de su informe anual, El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. En esta oportunidad, Amnistía Internacional advirtió sobre el agravamiento del panorama en Argentina a partir de 12 ejes:
- Libertad de expresión
- Libertad de reunión y manifestación
- Cibervigilancia
- Transparencia y acceso a la información pública
- Pobreza
- Jubilados
- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
- Derechos sexuales y (no) reproductivos
- Educación sexual integral (ESI)
- Diversidad
- Crisis climática
- Pueblos originarios
Menos libertad de expresión y derecho a la protesta
Para la organización, la gestión de Milei atenta contra la libertad de expresión y el respeto al periodismo independiente. «El gobierno ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales», indicó.
No obstante, consideró que no es un fenómeno exclusivo de Argentina, y lo compara con casos similares en India, Brasil, Estados Unidos y Hungría, entre otros: «promovieron y promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias, entre otras, en culpabilizar a grupos enteros por problemas económicos, sociales o de seguridad. Mujeres, migrantes, personas LGBTIQ+, activistas por el clima, etcétera».
A través de redes sociales, en especial X y TikTok, con menos restricciones, la organización critica que el Gobierno ultraderechista construyó «la idea de ‘casta’ y de ‘los mismos de siempre’ para desencadenar » cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan una incapacidad de diálogo». En resúmen, «o estás con ellos, o en contra. O es todo o no es nada. No hay posibilidad de disentir».
También sostuvo que las mayores víctimas son las mujeres periodistas y comunicadoras. Éstas enfrentarían una doble vulnerabilidad: además de la violencia generalizada hacia el periodismo, son blanco de violencia de género digital. Amnistía destaca que más del 60% de las periodistas sufrieron violencia en redes, con consecuencias en su salud mental, autocensura profesional y temor por su seguridad física.
Asimismo, AI cuestionó que el derecho a la protesta esté cada vez más sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo. «Cada vez más países sancionan leyes y otras medidas para restringir la libertad del derecho a manifestarse y para criminalizar a quienes reclaman a las autoridades. De esta manera, se habilita el uso indebido de la fuerza y se expande la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva».
En este sentido, criticó con firmeza la sanción del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, popularmente conocido como «protocolo antipiquetes», del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
«A lo largo del año, Amnistía Internacional documentó diversas manifestaciones en donde pudo identificar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad«, remarcó. Apuntó particularmente contra el disparo de balas de goma de forma indiscriminada en la parte superior del cuerpo, la mala ejecusión de los lanzamientos de gases lacrimógenos, y las detenciones arbitrarias, entre otras formas de reducir la participación ciudadana en las protestas.
También apuntó contra la violencia hacia los periodistas y los trabajadores de la comunicación en plenas protestas. «La participación libre de la prensa resulta indispensable ya que de otro modo la única fuente de información serían las propias fuerzas de seguridad, las cuales pueden aportar datos que contengan imprecisiones, omisiones y/o falsedades ya que se encuentra compelida a justificar la utilización de la fuerza», explicaron desde la organización.
En tanto, sostuvieron que «desde enero a esta parte, resultaron heridos como consecuencia del accionar policial en las protestas numerosos periodistas, movileros, camarógrafos, y trabajadores de prensa, quienes estaban trabajando y cubriendo las distintas manifestaciones».
Y concluyó: «Solamente considerando las protestas en la plaza del Congreso mientras se debatía la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales que fueron agredidos mientras cumplían sus funciones. (…) Preocupa especialmente que, en la mayoría de los casos, los trabajadores de prensa contaban con la identificación de periodistas», espetaron.
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