La justicia contenciosa federal admitió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y ahora será crucial su resolución para garantizar la continuidad del programa más exitoso para reducir el embarazo no intencional en adolescentes de la historia argentina, que fue destruido por el Gobierno de Javier Milei. El Plan ENIA –como se lo conoce– había logrado bajar la tasa a nivel nacional en casi un 50 por ciento y fue un ejemplo en Latinoamérica.
La Defensoría pide que la justicia le ordene al Ministerio de Salud la reanudación inmediata del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que se estaba desarrollando en 12 provincias, con el presupuesto correspondiente, los equipos focales territoriales, los insumos necesarios, capacitaciones, y los espacios de consejería que se venían desarrollando desde 2017, cuando se puso en marcha.
El recurso de amparo fue aceptado por el juez Martin Cormick, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. La presentación fue realizada por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y su adjunto, Juan Facundo Hernández, con el patrocinio letrado del abogado Nicolás Sipioni.
“La Defensoría no encuentra razones para que aquellas políticas que han venido funcionando bien hace años y han garantizado los derechos de niñas, niños y adolescentes, se vean desmanteladas, interrumpidas, desfinanciadas o vaciadas. Buscamos que la justicia garantice su continuidad con la ejecución de los presupuestos adecuados”, señaló a Página12 Marisa Graham, Defensora Nacional de NNyA.
En su presentación, la Defensoría advierte que el desmantelamiento del Plan ENIA “lesiona los derechos sexuales y reproductivos” de niñas, niños y adolescentes y les “impide acceder a prestaciones de vital importancia que les garantizaran evitar embarazos no deseados; enfermedades de transmisión sexual y abusos sexuales”.
El Plan ENIA funcionaba en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. Empezó en las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes.
Fue creado durante el macrismo y se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández. Según evaluaciones de su impacto, permite ahorrar 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años, y las contribuciones que se pierde el Estado porque estas mujeres –está estudiado y probado– terminan en menor proporción la escuela secundaria y en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas, según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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