En el mismo texto, el ministerio detalló que la recuperación de las instalaciones se logró a través de un esquema de coordinación directa con el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva; y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyo accionar táctico permitió desalojar las dependencias oficiales.
Ante la consumación de los hechos, desde el Gobierno aseguraron que no habrá borrón y cuenta nueva. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, advirtieron.
Para cerrar, el comunicado oficial endureció el tono contra las metodologías de protesta adoptadas por los colectivos estudiantiles. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley”, concluyó el texto ministerial.
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