Los diputados nacionales Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género (26.743). Los libertarios intentan prohibir el uso de fondos públicos para los tratamientos hormonales o quirúrgicos a los que acuden aquellas personas que quieren adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida.
En febrero de este año, el Gobierno de Javier Milei ya había intentado modificar la Ley de Identidad de Género mediante el DNU 62/25 para prohibir este tipo de tratamientos a menores de 18 años, pero el decreto luego fue declarado nconstitucional por la Justicia de Entre Ríos.
«Que vuelva el sentido común. Presenté un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género. Toda persona mayor de 18 años puede decidir sobre su cuerpo, pero no con la plata de todos«, escribió Milman en X, donde etiquetó a Lemoine, a Zapata, a Milei, a Agustín Laje y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Los tratamientos hormonales, quirúrgicos o intervenciones para adecuar el cuerpo a una identidad autopercibida, sostuvo el diputado en su presentación, «tienen que excluirse de la cobertura del sistema público de salud, del Plan Médico Obligatorio (PMO), del sistema de obras sociales y de cualquier programa financiado con fondos públicos«.
“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, opinó el legislador, que busca prohibir un derecho que fue adquirido tras largos años de lucha colectiva.
El proyecto de ley, según explicó Milman, establece que el Estado, todos sus órganos y dependencias, entidades descentralizadas y empresas con participación estatal, también deberán “abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad.”
“No negamos la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género. Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, manifestó Milman.
En su argumentación, el diputado sostuvo que con la sanción de la Ley 26.743 “se utilizó al Estado” para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas “que no gozan de consenso social ni científico”, y que no debían ser objeto de financiamiento público “compulsivo”.
“El Estado no debe intervenir condicionando a terceros para que financien la decisión personal de aquellos que deciden sobre su identidad y su proyecto de vida. Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género. Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo/a es real o está motivado por campañas impuestas por ciertos sectores de la sociedad,” concluyó.
Más historias
Cómo son los laboratorios de última generación que ya se preparan para enfrentar la próxima pandemia
Un perro atacó a una nena de 4 años, la mordió en el cuello y la mató
Una idea imposible derivó en un gran avance contra el cáncer de páncreas