Presupuesto 2027: Educación recupera 5,6%, pero sigue 44,4% debajo de 2023

Un leve rebote tras una larga caída. De este modo podría graficarse el comportamiento de la inversión nacional en educación según lo que surge del proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso.

En concreto, lo que allí se ve es que la función Educación y Cultura (todo lo que gasta el Estado nacional en materia de educación) tiene previsto un aumento nominal de 27,2% para 2027 respecto a lo previsto que se va a gastar en 2026. Como la inflación proyectada para 2027 es de 20,5%, la suba real para educación, en 2027, sería 5,6%.

¿Buena noticia? Sí, para cualquier país, menos para la Argentina, que viene de un durísimo ajuste en el área educativa que arrancó en el año 2024. Entre 2023 y lo proyectado para 2027 la inversión del Estado nacional en educación habrá caído el 44,4%.

En términos reales, el gasto educativo nacional inició una tendencia descendente en 2018, alcanzó su mínimo en 2020 ($ 11,4 billones) y se recuperó hasta 2023 (16,7 billones). Luego, cayó a 9,4 billones en 2024 y se profundizó en 2025 y 2026, hasta alcanzar 8,7 y 8,8 billones, respectivamente. Para 2027, el proyecto de ley prevé la suba real del 5,6%. Todos los montos están calculados a precios constantes de 2026.

Los datos surgen de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación que muestra, entre otras cosas, que el Plan Nacional de Alfabetización es el programa con mayor aumento en el proyecto de Presupuesto y que se incorpora un plan para la enseñanza de Matemática, aunque sin gasto previsto. También, que no se prevé cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Acá conviene hacer una distinción y tomar en cuenta que el Estado nacional aporta el 25% la inversión total de la educación. Como la educación básica es administrada por las provincias, son éstas las que asumen el 75% del gasto general. No hay datos sobre la inversión en educación de las provincias.

De todos modos, el ajuste en ese 25% del financiamiento tiene una incidencia importante en el conjunto de dinero que llega a las aulas. Eso se puede observar a partir del peso de la educación como porcentaje del PBI.

Hasta el año pasado, y a partir de la ley de Educación Nacional de 2006, el Estado tenía la obligación de invertir 6% del PBI en educación (entre Nación y provincias). Esa ley se cumplió solo en 2015, pero la ley de Presupuesto del año pasado derogó la medida.

Hoy es que el Estado nacional viene bajando consistentemente su inversión en porcentaje del PBI. En 2017 había invertido 1,52%, pasó a 0,86% en 2024 y 0,78% en 2025. El proyecto de Presupuesto 2027 estima un 0,77% para el cierre de 2026, mientras que para 2027 se prevé una leve suba hasta 0,79% del PBI.

De todos modos, en el marco de las restricciones presupuestarias, el Presupuesto 2027 tiene consideración por la educación. El crecimiento previsto para el área es superior al de la mayoría de las funciones del Estado. Se ubica como la tercera con mayor incremento, detrás de Salud (39,8%) e Información y Estadística Básicas (28%).

Ahora, si se analiza específicamente la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, el aumento sería más moderado. Su presupuesto crecería 23% nominal respecto de la previsión al cierre de 2026, lo que representa una mejora de alrededor del 2,1% en términos reales.

De todos modos, y aunque su crecimiento real sería menor que el del conjunto de la función Educación y Cultura, la Secretaría comandada por Carlos Torrendell aparece entre los cinco organismos nacionales con mayores aumentos previstos. Pero dentro de la Secretaría, hay sectores que resultan ganadores y otros perdedores.

La principal (quizás única) política pública en educación del gobierno de Milei es el Plan Nacional de Alfabetización, un programa federal por el cual cada provincia -apoyada con fondos nacionales- encara un plan para garantizar que todos los alumnos terminen tercer grado escribiendo bien y comprendiendo textos adecuados a su edad.

Esto se ve reflejado en los números del proyecto, que contempla para ese programa $773.830 millones, un 38,3% más que el presupuesto vigente de 2026, y por lo tanto un aumento superior a la inflación proyectada (20,5%).

Como ya venía sucediendo el año pasado, la mayor parte de ese dinero va dirigida a la universalización de la jornada extendida, un programa que se había iniciado en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández.

Ese programa recibirá $586.781 millones, equivalentes al 75,8% del total de los recursos del Plan de Alfabetización. Bastante más que la capacitación docente o la distribución de libros. Su peso, sin embargo, es un poco menor al 80,3% que tenía la universalización de la jornada extendida en el presupuesto vigente de 2026.

Para 2027 sí aparece una novedad. Se incorpora un plan para la enseñanza de Matemática, de características similares al de Alfabetización que ya fue aprobado en el Consejo Federal de Educación. Pero el proyecto de ley no identifica una partida presupuestaria específica para su financiamiento.

“La buena noticia de este proyecto es que detiene la caída en la inversión en educación e incluso da una señal positiva de reversión -todavía tenue, incipiente, pero por encima de otros sectores- y alguna voluntad de mejorar la respuesta educativa. Especialmente con la incorporación de Matemática, complementando al programa de alfabetización”, le dijo a Clarín el economista Javier Curcio, coautor del informe del Observatorio, junto a Tomás Besada y María Sol Alzú.

Las universidades siguen estando en el lote de los perdedores. Mientras que la educación básica recibe una suma nominal de 34% (11,2% real), la universitaria solo recibirá en 2027 20,9% nominal y apenas 0,3% real.

Lo que reflejan estos números es que el proyecto no contempla cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, ya votada y ratificada tras el veto presidencial por el Congreso, y que establece la actualización de los salarios y las becas universitarias por IPC desde diciembre de 2023.

Este no cumplimiento ya fue advertido por los rectores de las universidades reunidos en Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ni bien se conocieron los números del proyecto de Presupuesto. En concreto, el Presupuesto asignó $7,3 billones y los rectores reclaman $11 billones.

Como el Estado nacional no administra escuelas, la mayoría de los recursos van para las universidades y eso se ve reflejado en los números asignados a la Secretaría de Educación. Allí se puede ver que el programa “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 80,1% del presupuesto de la Secretaría en 2027, 2 puntos porcentuales menos que en 2026. Le siguen el Plan Nacional de Alfabetización, con el 8,3%, y Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, con el 5,2%.

Ahora, ¿es posible cumplir la ley de Financiamiento en un contexto de restricciones planteadas con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal? ¿Cómo se hace? Clarín se lo pregunto a Curcio.

“La ley hay que cumplirla y el Gobierno tiene que generar espacio fiscal para eso. La responsabilidad es del Gobierno, que achicó la presión fiscal en espacios que podría no haberlo hecho. Se redujo la actividad económica y detrás de eso la tributación en actividades que podrían no haberse reducido”, contestó el especialista.

“Además, el Gobierno podría generar otro tipo de reorganizaciones, como los gastos vinculados a la defensa, además de la reorganización de los pagos de los intereses de la deuda o de los impuestos. Por ejemplo, demorando la reducción de bienes personales o los derechos de exportación. O en los impuestos internos sobre bienes de lujo que no hubieran modificado. La priorización de la educación es facultad de Gobierno”, cerró Curcio.

Por su parte, para Marcelo Rabossi, doctor en Educación, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en educación superior, “el ajuste afectó especialmente a las universidades nacionales, principales destinatarias del presupuesto educativo nacional. Si bien en 2026 se observa una recuperación, esta se encuentra lejos de compensar la pérdida acumulada desde 2023. En 2027, el presupuesto universitario volvería a estancarse, lo que pone en duda la capacidad de las universidades para sostener adecuadamente su funcionamiento”.