Quién está detrás de la "mamushka" offshore para quedarse con AySA: el detallado informe de C5N

Tres países, capital de 1 euro y sociedades cáscara

La investigación periodística accedió a los certificados corporativos oficiales emitidos en el Reino Unido, Países Bajos y Curazao, revelando una ingeniería jurídica creada a velocidad récord pocas semanas antes del remate de la empresa estatal:

• Londres (18 de agosto): Se constituyó la sociedad PHX Aqua Limited (Registro N° 17406504) con un capital social de apenas 1 euro.

• Ámsterdam (21 de agosto): Tres días después, la firma británica creó su única subsidiaria en Países Bajos, PHX Aqua ARB B.V. Esta es la entidad que figura formalmente en los pliegos de la licitación en Argentina: se declaró con capital de 0 euros, sin empleados y anotada bajo el rubro de tenedora de acciones.

• Curazao: Aparece registrado el fondo Phoenix Global Investment Fund.

En las tres jurisdicciones, los directores inscritos no son personas físicas sino firmas de representación profesional pertenecientes al grupo Amicorp, una estructura habitual para la administración de sociedades de titularidad reservada.

El rastro de Alejandro Bercovich que apunta a José Luis Manzano

Los indicios recogidos en el rastreo señalan a José Luis Manzano detrás de esta armazón corporativa:

• El sello legal: El uso de la firma Amicorp como administradora técnica común en Londres, Ámsterdam y Curazao confirma que toda la arquitectura fue diseñada por el mismo estudio.

• La homonimia táctica: El fondo de Curazao bautizado Phoenix Global Investment Fund replica la denominación de Phoenix Global Resources, la petrolera controlada por Integra Capital, el holding de Manzano.

«Es una forma de operar de los grandes dueños que no quieren ser vistos: usan un nombre o una marca que permita mostrar a la competencia que la empresa es suya, aunque no aparezca directamente en la documentación legal», explicó Bercovich durante el informe.

La prueba decisiva en el Ministerio de Economía

Pese a las revelaciones sobre el entramado en Europa y el Caribe, el informe subrayó que la confirmación jurídica definitiva sobre el titular real debe constar obligatoriamente en los archivos del Estado argentino. Por normativa legal, el consorcio debió adjuntar la Declaración Jurada de Beneficiarios Finales al presentar su propuesta licitatoria ante la cartera económica.

Frente a la opacidad denunciada en el proceso y la falta de acceso público al data room de la subasta, se confirmó la presentación de un pedido formal de Acceso a la Información Pública amparado en la Ley 27.275 para obligar al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo a revelar el documento oficial con el nombre del dueño definitivo del recurso hídrico metropolitano.