Siete meses sin pruebas 

Carolina Juárez está privada de su libertad desde enero del 2025 en la Unidad Penal 44 de Batán.  Según el documento difundido desde la Asamblea LGBTIQ+ Antifacista y Antirracista de José C. Paz su expediente se trata de “una causa armada”. Lleva más de siete meses encarcelada en la Unidad N 44 de Batán y sin embargo el fiscal Walter Mercuri aún no ha presentado las pruebas de por qué se le imputa el delito de “promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años”.

El caso de Carolina Juárez no es uno aislado. El total de travestis presas en el Servicio Penitenciario Bonaerense es de 114. Los diferentes informes del Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria muestran cómo desde el año 2014 a la fecha se ha doblado la población carcelaria en la provincia: llegando a junio de este año a 63.287 personas. La superpoblación es inédita y el trato especialmente violento contra quienes se alojan en el pabellón trans y travestis es, según el informa de la Asamblea, alarmante.

Carolina Juárez está imputada por el fiscal Walter Mercuri, que trabaja en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de Dolores, especializada en delitos de pornografía infantil, grooming y trata de personas. 

La semana pasada ha sido exhortado por el juez (Juzgado de Garantías N 4 de Dolores) que entiende en la causa a presentar las pruebas que avalen la acusación. Las fechas judiciales que estaban previstas para mostrarlas no han sido respetadas. 

Hasta el lunes 14 de julio, la causa no tenía una prueba que demuestre que Carolina promocionara o facilitara la prostitución de mujeres y menores. 

Ayer se presentó un chat de washap donde Carolina Juárez mencionaba la palabra “te promociono” a una amiga que conoció en Mar del Tuyú, y es hasta el momento la prueba presentada por el fiscal. Ambas, Carolina Juárez y su compañera, trabajaban como cocineras en un restaurante de Mar del Plata.

En medios de comunicación locales todavía se encuentra el artículo titulado: “Detienen a mujer acusada de explotar sexualmente a una menor y varias otras mujeres”. Luego en el interior de la nota periodística no hay información concisa sino pareciera más un dictado que una causa judicial con pruebas, testigos y datos corroborables. Lo que sí dice el artículo es que fue un operativo realizado de manera encubierta por el fiscal que “durante meses se infiltró en el entorno de la acusada para obtener pruebas”. Tampoco se explica por qué Juárez no ha podido ampliar su testimonio en las fechas previstas.

La abogada de JUárez, Gabriela Conder, ha pedido que se le otorgue la prisión domiciliaria y que mientras se presenten las pruebas, sea atendida como debe ser en relación a su salud. Carolina recibe medicación por trombosis y además una medicación psiquiátrica. 

No suele estar controlada y encima se encuentra actualmente en buzones, que son celdas de dos por dos, con baño incluído. En palabras de su abogada: “la Policía de la Provincia de Buenos Aires -tanto las brigadas de Mar del Plata como las de San Justo- fabrica causas con el mismo odio que ya nos quitó decenas de vidas. Y por eso afirmamos que el expediente de Carolina es parte de la misma maquinaria: odio institucional, complicidad fiscal y un Estado que aún hoy persigue, encierra y mata nuestras identidades”.