Adorni
Si bien esto se aplicará a las variedades inscriptas a partir de la publicación de esta normativa, lo que limita su alcance inmediato sobre las variedades ya sembradas, ciertamente sienta el precedente para todo lo que se registre de ahora en más.
En 2016, a través de la resolución 207 de INASE, se había implementado un “sistema de muestreo, análisis e información sobre las remisiones de granos de parte de los agricultores”. En aquel momento, el gobierno de Mauricio Macri utilizó el denominado Sistema Bolsatech para evitar una colisión directa con Monsanto (comprada por Bayer en 2018), ya que ese firma pretendía aplicar esos controles de forma compulsiva en acuerdo con las agroexportadoras.
Lo que se afirma en esta nueva resolución que generaliza este tipo de controles es que “el avance de la tecnología aplicada a la verificación de la identidad varietal de semillas” permite reconocer de qué variedad se trata en todo tipo de cultivos y “en plazos más reducidos”, a partir de hacer un análisis en los granos, el producto final del trabajo de los agricultores.
retenciones soja
Es decir, mientras que el control del uso de variedades protegidas era difícil de ejercer, dado que identificar si un grano proviene de semilla comprada o guardada de campañas anteriores es técnicamente complejo, la medida aprobada ahora afirma que las herramientas técnicas actuales determinar su identidad de forma “idónea, objetiva y científicamente validada”.
El Gobierno avanzó en esta medida en la previa de una reunión convocada por Agricultura con las cuatro entidades para mañana. El campo ya había anticipado su rechazo a ese sistema de control, porque “no le cierra a nadie y es caro”, según una fuente del sector primario.
La Mesa de Enlace más los grupos CREA y Aapresid también habían elevado al gobierno una propuesta de actualización de la Ley de Semillas. Pero visiblemente presionados por las grandes corporaciones semilleras y nada menos que por la gestión de Donald Trump, el Ejecutivo también sumaría una adhesión nacional al protocolo internacional UPOV91. Para eso, debería proponer una nueva ley en el Congreso, ya que tal adhesión no puede definirse ni por resolución ni por DNU.
Resolución Conjunta 3/2026:
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