Luego de 24 meses de servicio bonificado, las provincias y municipios que adhieran deberán afrontar el costo del servicio corporativo de Starlink, estimado en 160 dólares mensuales por establecimiento, casi el triple de los 60 dólares que cobra la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) por el mismo servicio.
Todo ello mientras la estatal Arsat reclama al gobierno de Milei, decidido a desfinanciarla para impulsar su privatización, una deuda superior a 60 millones de dólares por servicios ya prestados a escuelas rurales que actualmente mantiene conectadas.
Además el acuerdo prevé que el costo de instalación de las antenas -que paga el Fondo del Servicio Universal y se le abona a Starlink-, «eventualmente, podrá ser deducido del aporte mensual establecido por el artículo 6° del Reglamento General del Servicio Universal». Ese artículo regula el aporte del 1% que todas las licenciatarias de telecomunicaciones deben hacer al fondo. Por lo tanto que Starlink, que es una de ellas, podrá descontarlo lo que le debe a ese fondo. Es decir que Starlink dona, cobra y compensa contra su propia obligación.
El acuerdo surgió a partir de una propuesta realizada por Starlink Argentina que presentó ante el Enacom el 15 de julio pasado. El acuerdo no surge además de ningún mecanismo de concurso, licitación ni subasta en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas. Es un acuerdo armado a la medida de Starlink.
Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de Arsat, aseguró a Letra P que «todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos. Actualmente lo estamos dando con el ARSAT-1 y el ARSAT-2, con el Plan de Conectividad a Escuelas Rurales, y son velocidades que quedan entre tres y cinco megas. Pero es para las escuelas que están muy alejadas o en zonas precordilleranas, donde no hay otra forma de llegar».
Y advirtió: «Starlink cobra la conexión que ofrece 160 dólares por mes. ARSAT la cobra 60 o 70 dólares, aproximadamente».
Resolución 857/2026:
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