Encuestan a afiliados de prepagas que presagian un posible éxodo pero empresas y Gobierno dicen otra cosa

Un estudio reciente había arrojado el dato de que más de 740 mil argentinos habían tenido que abandonar su cobertura de medicina prepaga en los últimos dos años. Sin embargo, desde las empresas dicen lo contrario. Ahora, un nuevo relevamiento realizado por la plataforma MiObraSocial volvió a mostrar un horizonte pesimista.

El sondeo muestra que el 49,5 por ciento considera alta la probabilidad de dejar la prepaga en los próximos seis meses, mientras que sólo el 21,6 por ciento descarta por completo esa posibilidad. “El 57,6 por ciento de los afiliados ya bajó a un plan más económico en el último año o lo evaluó seriamente”, dice el informe.

La encuesta fue realizada entre abril y junio de 2026 a 2.000 personas de todo el país. El supuesto primer éxodo de la medicina privada había sido difundido por un estudio del Instituto Argentina Grande, de Gabriel Katopodis. En diferentes provincias advierten además sobre una sobrecarga de pacientes en los hospitales públicos, producto de la gente se ha quedado sin cobertura por la pérdida del empleo.

Sin embargo, hay tres datos que parecen echar luz sobre las sombras. Por un lado, desde las principales prepagas del país aseguran que en los últimos meses observan un crecimiento de afiliados que oscila entre el 4 y el 6 por ciento. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), en tanto, no hablan de una reducción de afiliados, sino de un «reacomodamiento» del sistema.

Según un relevamiento de la consultora de Patricio Pasman, en mayor o menor medida la población de las prepagas crece de manera sostenida tras la crisis de 2001: entre 2003 y 2010, a un ritmo del 9 por ciento; entre 2010 y 2025 -con empleo privado estancado e inflación por encima de los salarios-, a una tasa del 2 por ciento.

El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, afirma que «en los últimos tres años los afiliados a prepagas de manera directa crecieron en más de 370 mil personas«. Clarín consultó por el número general del sistema, más allá de los contratos directos, a la espera de una respuesta.

Un consultor privado sobre temas de salud, en diálogo con este medio, interpretó estas supuestas contradicciones que existen en la información que circula sobre el cuadro de situación de las prepagas: «Algunos tienen intereses creados en que la gente haga consultas para cambiar de cobertura, mientras que otros tienen intencionalidad política para mostrar malas noticias».

Este viernes, un comunicado de la UAS afirma que «en las últimas semanas se observaron reacomodamientos entre planes y modalidades de contratación, propios del contexto económico y regulatorio. Estos movimientos no representan una caída neta de personas con cobertura, sino una redistribución interna, con nuevas altas que compensan y, en algunos casos, superan las bajas registradas».

Si bien durante el primer año del Gobierno de Javier Milei las prepagas aumentaron las cuotas por encima de la inflación -con el recordado conflicto que terminó en un acuerdo judicial– , luego los ajustes se fueron estabilizando y desde hace varios meses las empresas no se mueven de las variaciones periódicas del IPC que comunica el INDEC.

En este contexto, el Gobierno nacional volvió a postergar la implementación del sistema de «cuota transparente» para las prepagas. La medida busca que los afiliados puedan conocer a través de la factura la composición de sus cuotas mensuales, pero la medida se prorrogó por otros 30 días.

La decisión quedó oficializada a través de la resolución 1080 de la SSS, publicada en el Boletín Oficial, que estableció un nuevo plazo hasta el próximo 16 de julio para que las prepagas adecuen sus sistemas de facturación, contratos y estados de cuenta. Originalmente debía entrar en vigencia en octubre de 2025.

Estipula que las empresas detallen en sus facturas el valor base del plan contratado, los aportes y contribuciones derivados en los casos que correspondan, la carga impositiva -incluido el IVA- y los copagos o cargos adicionales por prestaciones y servicios complementarios. El argumento de la nueva prórroga es que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen instituido”.

Mientras a mucha gente le cuesta pagar la prepaga, los que administran el sistema hablan de déficit y deterioro. Según un análisis realizado por Hugo Magonza, titular de la UAS, “el valor del PMO acumulado desde 2011 alcanza un índice de incremento de 67.881, mientras que los medicamentos llegan a 50.631 y el IPC general a 47.162. En contraste, las cuotas de medicina prepaga alcanzan 38.357, los salarios de enfermería 28.858 y la canasta promedio de prestadores apenas 24.920”.

Agrega que “esto significa que, desde 2011, el costo teórico de brindar las prestaciones obligatorias (PMO) creció 2,7 veces más que los ingresos de los prestadores y aproximadamente 1,8 veces más que las cuotas autorizadas. La brecha refleja un deterioro estructural del financiamiento del sistema, donde las obligaciones de cobertura evolucionan mucho más rápido que los recursos disponibles para financiarlas”.

Por último, advierte que “de mantenerse estas tendencias, la sostenibilidad futura requerirá revisar simultáneamente el alcance de las coberturas, los mecanismos de actualización de ingresos y la eficiencia del sistema”. Desde el Gobierno ya aseguraron que vienen trabajando en una reforma del PMO, aunque todavía sin plazos precisos.