Hacia fines de noviembre de 2021, Ricardo Adolfo La Regina abrió camino con una topadora en un campo lindero a la reserva natural de Punta Tombo, en Chubut, y aplastó 140 nidos de pingüinos. En total, mató a 292. Algunos aplastados, otros electrocutados. Tres años más tarde, en el 2024, la Justicia lo declaró culpable de daño ambiental y crueldad animal en modalidad de delito continuado.
Ahora, el martes próximo, el Superior Tribunal de Chubut tendrá la audiencia final del histórico ecocidio. La audiencia de «Impugnación Extraordinaria» por el caso de la masacre de Punta Tombo. Un fallo muy esperado porque además de sentar jurisprudencia, puede tener alto impacto internacional.
¿Qué busca la fiscalía? que la condena contra La Regina de tres años de ejecución condicional quede firme. Desde la Fiscalía encabezada por Florencia Gómez, buscan que el impacto de una sentencia firme trascienda las fronteras de la provincia. Y traería luz al debate social que hay sobre la relación entre la justicia ambiental y el sector productivo de la región, o el privado como es este caso.
Pero este fallo además, a nivel nacional, habilitará una etapa de remediación de las zonas de reproducción de pingüinos de Magallanes que fueron arrasadas en el 2021 y sentará bases legales sobre las restricciones de uso del suelo.
Desde el Ministerio Público de Chubut se confía en una resolución favorable. Y que el máximo tribunal provincial avale lo que se hizo hasta ahora. «Es esperable que la defensa del condenado insista en los mismos argumentos que ya fueron analizados y rechazados por la Justicia», adelantó Gómez.
Y siguió: «Se trata de un caso que ya fue revisado en dos instancias procesales por seis jueces penales con fundamentos sólidos basados en el gran volumen de prueba producida».
Según se anticipó desde la Fiscalía, durante la audiencia del martes, el tribunal tendrá la facultad de evaluar cómo se han respetado las reglas de conducta impuestas sobre las áreas afectadas.
«En la Patagonia, muchas estancias y empresas han sido históricamente aliadas en la conservación de los recursos naturales y culturales», admitió la Fiscal al sitio ADN Sur. Y agregó: «En un territorio tan vasto suelen ser los propios dueños quienes contribuyen activamente a la protección del entorno».
Pero, Gómez aseguró que a veces hay necesidad de poner límites claros. «Cuando se produce avasallamiento o daños sobre los bienes públicos, el Estado debe actuar con firmeza», remarcó. Y aclaró que el proceso judicial no tiene nada que ver con «un embate al sector productivo».
«Claramente, este caso no es, ni fue, un ataque a la actividad privada; sino a la protección y defensa de un patrimonio que pertenece a toda la sociedad», aclaró. Y en ese sentido reafirmó que la confirmación de la condena envía un mensaje claro por parte de la Justicia para los que cuidan el entorno y aquellos que lo degradan».
Entre los meses de agosto y noviembre de 2021, Ricardo Adolfo La Regina intentó abrir un camino interno en su campo con una topadora. Fue en la estancia La Perla, de su propiedad.
El camino que pretendía trazar estaba en un campo lindero a la reserva natural de Punta Tombo. Un área protegida. Pero, al pasar con la retroexcavadora tiró el alambrado divisor y pasó por encima de centenares de nidos de pingüinos de Magallanes. Aplastó huevos y pichones.
El camino que buscaba trazar tenía un fin mucho más oscuro. Buscó instalar más de 900 metros de alambrado electrificado. Esto impidió el libre tránsito de las aves marinas desde la costa hasta sus nidos. Varias de ellas murieron electrocutadas.
El acto fue denominado como una masacre: La Regina usó ese tipo de maquinaria sin previa autorización administrativa para destruir, intencionalmente, el hábitat de estos animales. Claro que causó daños irreversibles sobre la fauna y flora autóctonas.
En ese momento y con la matanza de pingüinos consumada, Néstor García, ministro de Turismo provincial le confirmó a Clarín que se había presentado una denuncia penal por «los repudiables hechos ocurridos en Punta Tombo». El caso fue tomado por la fiscal de Rawson, Florencia Gómez.
Si bien, desde la fiscalía se habían solicitado cuatro años de prisión para el empresario productor y una indemnización de 518.000 dólares, la Justicia le terminó imponiendo una pena de tres años de ejecución condicional.
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