Un fallo ordenó aplicar el boleto universitario

La Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que implemente el boleto gratuito universitario aprobado por la Legislatura en diciembre del año pasado. Fue en respuesta a las acciones de amparo presentadas por diversos centros de estudiantes de la UBA, que vienen reclamando la concreción del histórico reclamo del movimiento estudiantil. Advierten que ya pasó un cuatrimestre completo sin que la ley se reglamente y piden que la segunda mitad del ciclo lectivo «empiece con el boleto educativo implementado». 

Luego de la buena noticia que el jueves pasado recibieron los y las jubiladas porteñas con la ampliación del boleto gratuito del subte en la Legislatura, la Justicia le dio esta novedad similar a los estudiantes de la Ciudad. La resolución lleva la firma del juez Francisco Javier Ferrer, titular del Juzgado N°23 en lo contencioso, administrativo y tributario porteño, que centralizó los distintos amparos presentados por los centros para hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Así, ordenó al GCBA que garantice «el acceso sin
costo al boleto educativo» a los y las alumnas de los institutos de educación superior, de las universidades y de los establecimientos de formación técnico-profesional. 

Ferrer no sólo dictó la medida cautelar sino que estableció un plazo de diez días para que el Gobierno porteño implemente el boleto, más dos días extras para notificar la aplicación en la causa. En su resolución de más de 60 páginas, el magistrado se amparó principalmente en la demora en la reglamentación de la norma y la consecuente afectación de derechos que eso implica: «Resulta evidente que la imposibilidad de ejercer el derecho reconocido, causada por la
omisión de reglamentar por parte del Poder Ejecutivo local, afecta el acceso al derecho a
la educación superior«, escribió Ferrer y agregó que esto se agrava «por el mero paso del tiempo, tal como muestra el avance del ciclo
lectivo 2025«.

El juez indicó que, lejos de concretar la reglamentación de la ley, el GCBA sólo tomó en este tiempo dos decisiones formales en torno al tema: el Decreto N°98/25 que encomendó al Ministerio de Educación operativizar el boleto, y la Resolución 299/25 del Ministerio, que creó una mesa de trabajo interministerial para establecer las «definiciones y parámetros» de la implementación, de la que participan representantes de Transporte, de Infraestructura, de Justicia, de Hacienda y Finanzas, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Jefatura de Gabinete, además de Educación. 

En esa mesa de trabajo se amparó precisamente el GCBA en la causa, donde argumentó estar cumpliendo con plazos «razonables» en el marco del proceso de reglamentación. Aseguraron que en la mesa se encuentran analizando «el desarrollo
de los mecanismos más idóneos y seguros para el empadronamiento, validación y gestión
de los beneficiarios del nuevo régimen» con el objetivo de garantizar que la conformación del padrón de beneficiarios «responda
a criterios objetivos, verificables y sustentables«. 

Para Ferrer, sin embargo, el argumento no fue suficiente. Afirmó en su resolución que la decisión sobre los mecanismos de empadronamiento «no resulta idónea para justificar la omisión de reglamentar«, mientras que la conformación misma de la mesa de trabajo tampoco «es una justificación válida de la omisión de reglamentar, cuando ella afecta derechos
constitucionales«. 

Página/12 consultó a fuentes de Educación sobre la implementación del boleto, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta, aunque es probable que el GCBA decida apelar la resolución judicial. En abril, cuando los estudiantes presentaron los amparos, las fuentes habían informado a este diario sobre la conformación de la mesa interministerial, pero sin precisar plazos posibles para la implementación del boleto.

Los estudiantes celebraron la decisión de la Justicia luego de que se conociera la resolución. Desde los centros de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Filosofía y
Letras (CEFyL), Ciencias Sociales, y Ciencias Exactas y Naturales (CECEN) de la UBA –que presentaron en conjunto uno de los amparos– advirtieron de todos modos que la noticia llega «luego de años de
reclamo de la comunidad educativa y a siete meses de su aprobación» en los que «las universidades continúan sin poder acceder a este beneficio».

Julia Benito, presidenta del CECEN, recordó que el conflicto por la implementación del boleto se da en un contexto de «ajuste» en el que «cada vez cuesta más llegar a cursar«. «Necesitamos políticas de inclusión reales para los y las estudiantes y esperamos que el GCBA reaccione y que el segundo cuatrimestre empiece con el boleto educativo implementado», agregó. Mientras que Isabel González
Puente, presidenta del CEFyL, completó diciendo que «necesitamos la
implementación del boleto educativo para que ningún compañero se quede sin
poder cursar en nuestras universidades«. 

Los centros advierten que el GCBA no necesita crear un nuevo sistema de boleto educativo, sino incorporar a los y las alumnas del nivel terciario y universitario al régimen ya existente en la Ciudad, que hasta ahora alcanza a los niveles primario y secundario. Es que la ley aprobada por amplia mayoría en diciembre pasado vino a extender lo establecido por la preexistente Ley de boleto estudiantil para incorporar al nivel superior algunas otras modificaciones como la inclusión de un subsidio del 55 por ciento del boleto para los «acompañantes» de estudiantes de primaria que no puedan viajar solos. 

El boleto universitario fue aprobado con algunas restricciones como por ejemplo, un tope de ingreso que permite acceder a la gratuidad sólo a aquellos estudiantes que pertenezcan, como máximo, a hogares del «sector medio frágil», según la clasificación actualizada del Instituto de Estadísticas y Censos porteño. El reciente informe del instituto sobre el mes de junio arrojó que ese sector lo ocupan las familias con ingresos mensuales de hasta 1,9 millones de pesos. Quienes formen parte de hogares con ingresos superiores no tendrán el boleto gratuito. A esto se suma la exclusión de los y las estudiantes sin residencia en la ciudad. Como contraparte, la ley amplío a 96 la cantidad de boletos gratuitos a los que los alumnos tendrán derecho a acceder por mes.