Entre los sectores mencionados en los fundamentos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
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El corazón del proyecto está centrado en un esquema de fuerte reducción impositiva y estabilidad regulatoria de largo plazo.
Entre los principales beneficios incluidos en la iniciativa figuran:
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Impuesto a las Ganancias reducido al 15%;
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amortización acelerada de inversiones;
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quebrantos impositivos sin límite temporal;
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alícuota reducida sobre dividendos;
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devolución de IVA mediante certificados fiscales;
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exención de derechos de importación y exportación;
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libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones;
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y estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años.
Además, el proyecto prevé una reducción de contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos.
En materia cambiaria, las empresas podrán disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
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Entre los fundamentos de la inicitiva, el Gobierno sostiene que Argentina quedó rezagada frente a otros países por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias”. Por eso, el proyecto busca posicionar al país “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.
La iniciativa define como “nuevas actividades económicas” a los proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica con “impacto transformador en la estructura productiva nacional”.
El texto también aclara que no podrán ingresar proyectos que sean ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes.
Uno de los puntos centrales del esquema es que las provincias y municipios deberán adherir formalmente para que los proyectos puedan acceder a los beneficios.
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El Gobierno plantea que las jurisdicciones deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones. En paralelo, el proyecto establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”.
El proyecto establece que sólo podrán ingresar inversiones de al menos mil millones de dólares.
Además, las empresas deberán comprometer al menos el 20% de esa inversión durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
Los proyectos deberán canalizarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para desarrollar cada iniciativa adherida.
El plazo inicial para adherirse será de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año adicional.
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